El Gobierno de México anunció un arancel del 25% a la importación de calzado extranjero, así como la eliminación del uso del programa IMMEX para traer zapatos terminados sin pagar impuestos. La medida, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum y presentada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, busca frenar la competencia desleal que afecta a la industria nacional.
El programa IMMEX fue diseñado para importar materias primas o productos semielaborados que serían transformados en México y posteriormente exportados. Sin embargo, algunas empresas lo han utilizado indebidamente para introducir calzado terminado, evadiendo impuestos y vendiéndolo en el mercado interno a precios por debajo del costo real.
“En México ya no se va a permitir la importación de productos de calzado en formato temporal. ¿Quieres importar? Paga los impuestos. El arancel, 25 por ciento, cuando menos”, declaró Ebrard durante un evento con representantes del sector en León, Guanajuato, la capital zapatera del país.
Industria del calzado en crisis
Entre 2019 y 2024, la producción de calzado en México cayó un 12.8%, mientras que las importaciones aumentaron un 159%, muchas de ellas provenientes de China y con prácticas como el contrabando técnico —declarar precios falsamente bajos para evadir impuestos—.
La industria del calzado en México genera entre 120 mil y 130 mil empleos directos y miles de empleos indirectos. El aumento de importaciones a precios subvaluados ha afectado gravemente a productores nacionales, sobre todo en Guanajuato.
Ebrard advirtió que, tras cerrar la puerta a la importación temporal, el Gobierno intensificará la lucha contra el contrabando técnico: “He visto calzado con precios irrisorios; evidentemente es contrabando. Sobre advertencia no hay engaño”.
En 2022, la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato (CICEG) denunció el ingreso ilegal de 50 millones de pares de zapatos, vendidos en tianguis con facturas falsas y a precios artificialmente bajos, lo que perjudica a fabricantes y comerciantes legales.
Con estas medidas, México busca proteger su industria zapatera, garantizar condiciones justas de competencia y preservar miles de empleos en el sector.
