El caso de doña Carlota, una mujer de 74 años acusada de asesinar a presuntos invasores en Chalco, Estado de México, ha vuelto a encender el debate público tras la solicitud de duras penas por parte del Ministerio Público. Las autoridades buscan imponer hasta 140 años de prisión para la mujer, además de 210 años para sus hijos, por delitos relacionados con homicidio y tentativa de homicidio con agravantes.
Durante una audiencia reciente en los juzgados de Chalco, la Fiscalía argumentó que los hechos se cometieron con “ventaja y saña”, lo que justificaría la severidad de las penas solicitadas. Según la acusación, el ataque no solo fue intencional, sino que implicó un uso excesivo de la fuerza.
Por su parte, Eduardo “N” y Mariana “N”, hijos de la imputada, solicitaron aplazar el proceso judicial hasta el próximo 20 de abril. La defensa busca presentar nuevas pruebas que sustenten su versión de los hechos, en la que aseguran que actuaron en legítima defensa ante un supuesto caso de despojo de vivienda.
El origen del caso se remonta al 1 de abril del año pasado, cuando doña Carlota llegó a una vivienda ubicada en la unidad habitacional ExHacienda Guadalupe, presuntamente invadida por otras personas. De acuerdo con los reportes, la mujer descendió de un vehículo, ingresó al inmueble y disparó contra los ocupantes.
Como resultado del ataque, murieron dos personas: Esaú Márquez, de 51 años, y su hijo Justin Márquez, de 19 años. Además, un menor de edad resultó herido, lo que agrava aún más la situación legal de los involucrados.
Aunque la defensa sostiene que doña Carlota acreditó la propiedad del inmueble y actuó para proteger su patrimonio, la Fiscalía insiste en que la reacción fue desproporcionada. Este punto será clave para determinar si se configura la legítima defensa o si se confirma la responsabilidad penal.
Actualmente, un juez federal le concedió a doña Carlota la medida de prisión domiciliaria debido a su edad y estado de salud, ya que padece enfermedades como diabetes e hipertensión. Sin embargo, permanece bajo estricta vigilancia mediante un brazalete electrónico y tiene prohibido salir del país.
Este caso ha generado un intenso debate en México sobre los límites de la legítima defensa, el despojo de viviendas y el uso de la fuerza, convirtiéndose en uno de los procesos judiciales más polémicos en el Estado de México.
