El reciente decreto del presidente estadounidense Donald Trump, que duplica de 25% a 50% los aranceles a las importaciones de acero y aluminio, ha generado fuerte rechazo en México. Marcelo Ebrard, actual secretario de Economía, calificó la medida como “injusta, insostenible e inconveniente”, advirtiendo que afectará gravemente a industrias clave de ambos países.

El argumento detrás del incremento arancelario, según la orden ejecutiva publicada por la Casa Blanca, es que los aranceles anteriores no lograron que las industrias estadounidenses de acero y aluminio alcanzaran las tasas de producción necesarias para garantizar la seguridad nacional. Por ello, se busca fortalecer la autosuficiencia industrial elevando las tarifas de importación.

Durante una conferencia de prensa, Ebrard aseguró que esta política “no tiene sentido económico”, ya que impactará sectores estratégicos como la industria automotriz, la construcción, la metalmecánica y la electrónica, que dependen fuertemente de estos insumos. El funcionario adelantó que este viernes presentará los argumentos de México para buscar una exención al arancel, como la concedida al Reino Unido.

“Estados Unidos tiene superávit comercial con México en acero y aluminio. Normalmente los aranceles se aplican en contextos de déficit, no de superávit”, puntualizó Ebrard. Además, aseguró que ya se prepara una estrategia de contingencia para enfrentar cualquier escenario, la cual será presentada el lunes.

En 2024, México exportó aproximadamente 3.2 millones de toneladas de acero a Estados Unidos, lo que representa el 12.21% de las importaciones totales de ese país. En cuanto al aluminio, se enviaron alrededor de 81 mil 500 toneladas.

Especialistas anticipan fuertes impactos. Juan Carlos Valles, abogado experto en comercio transfronterizo, advirtió que el nuevo arancel podría generar desafíos operativos y fiscales para las empresas, especialmente las maquiladoras. Estas deberán revisar contratos, certificaciones y reglas de origen para evitar dobles tributaciones y cumplir con los programas IMMEX e IVA-IEPS.

Por su parte, el analista fiscal José de Jesús Rodríguez Ambriz destacó que la medida representa un golpe directo a la competitividad mexicana, ya que elevará costos de producción y reducirá la capacidad de competir con otros proveedores internacionales. Además, alertó que los consumidores estadounidenses también enfrentarán un alza en los precios, producto del encarecimiento de los insumos.

El gobierno mexicano mantiene abierta la negociación con autoridades de Estados Unidos y busca evitar consecuencias económicas que podrían afectar tanto al comercio binacional como al consumidor final.