La diputada federal Laura Ballesteros, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, exigió la suspensión inmediata de los servicios de transporte en motocicleta ofrecidos por aplicaciones digitales como Didi Moto, al considerarlos ilegales, no regulados y altamente peligrosos.
La advertencia se emitió tras el fallecimiento de una mujer de aproximadamente 30 años que utilizó este servicio y sufrió un accidente fatal en calles de la alcaldía Cuauhtémoc. La víctima viajaba en una motocicleta con llantas desgastadas y portaba un casco para ciclista, en lugar de uno certificado para motocicleta.
“Este tipo de viajes no garantizan la seguridad de las personas. Es un servicio ilegal y absolutamente prevenible”, subrayó Ballesteros.
Aplicaciones evaden regulación y ponen en riesgo a usuarios
Ballesteros criticó que estas plataformas se han amparado para operar sin regulación, ignorando los llamados del gobierno y legisladores. Denunció que el argumento legal de las empresas es que los usuarios son “pasajeros” cuando, en realidad, son copilotos sin las medidas mínimas de seguridad.
La legisladora pidió al gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada, emitir con carácter de urgente la reglamentación que prohíba este tipo de servicios, los cuales —dijo— han contribuido al aumento de muertes viales en la capital.
El caso Vannia Lara: otra víctima de Didi Moto
Ballesteros recordó el caso de Vannia Lara, quien en diciembre de 2024 resultó gravemente lesionada al derrapar la motocicleta que había solicitado por Didi Moto. Sufrió fracturas, afectaciones psicológicas y la empresa no le brindó apoyo médico ni económico.
“Tardaron seis meses en responder. Sólo lo hicieron cuando acudimos a sus oficinas a exigir justicia”, señaló.
Además, denunció que la aseguradora contratada por Didi no cubre motocicletas, lo que deja a los usuarios en total desprotección. La familia de Vannia expresó su indignación al considerar que la empresa trasladó toda la carga de prueba a la víctima.
Ballesteros reiteró que este tipo de servicios deben suspenderse de inmediato, pues representan un riesgo real para la vida de los usuarios y operan al margen de la ley.