Para miles de usuarios en Puebla, abrir la aplicación de Uber forma parte de la rutina diaria. Sin embargo, ese hábito podría llegar a su fin este 15 de diciembre, fecha en la que vence el permiso que permite a la plataforma operar en el estado. Hasta ahora, el gobierno poblano afirma que la empresa no se ha acercado a negociar la renovación, lo que encendió alertas en el sector de transporte ejecutivo.
Según Silvia Tanús Osorio, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Uber ha optado por continuar con recursos legales en lugar de dialogar directamente con las autoridades estatales. Esto ha generado incertidumbre entre conductores, usuarios y otras plataformas que operan bajo esquemas similares.
El gobierno exige IMSS para conductores y estándares más altos
El gobierno de Puebla considera indispensable que Uber acepte una lista de nuevas obligaciones si desea continuar operando. La más relevante es otorgar seguridad social (IMSS) a los socios conductores, obligación respaldada por disposiciones federales para plataformas digitales.
Tras una década de operación en el estado, las autoridades sostienen que este derecho laboral ya no puede postergarse. Hasta el momento, Uber no ha presentado una postura definida sobre cómo garantizaría esta cobertura, ni una estrategia clara para los casi 7,000 vehículos vinculados a la aplicación.
Además, el gobierno busca elevar la calidad del servicio, pidiendo unidades en mejores condiciones, procesos más claros para atender quejas y un trato adecuado hacia los usuarios. También se analizan criterios sobre horarios, pagos y evaluaciones internas para mejorar las condiciones laborales de los conductores.
Transparencia y cumplimiento del marco regulatorio
Otro punto clave de la negociación es la transparencia. El gobierno estatal quiere conocer detalles sobre:
- Cómo se calculan las tarifas
- Cómo se asignan los viajes
- Cuál es la estructura operativa de la plataforma
Asimismo, el marco regulatorio prohíbe el uso de motocicletas para este tipo de servicio, por lo que las aplicaciones deben cumplir estrictamente esta disposición.
El diálogo sigue abierto, pero el tiempo se agota
Aunque el escenario parece tenso, la Secretaría de Movilidad asegura que la puerta al diálogo sigue abierta. Si Uber solicita una reunión antes del 15 de diciembre, aún podría firmarse un nuevo contrato bajo estas condiciones. De no ocurrir, el permiso se cancelaría y los miles de vehículos vinculados quedarían fuera de circulación.
La posible salida de Uber tendría impacto inmediato: usuarios que dependen de la app en horarios nocturnos o zonas de difícil acceso perderían una opción de movilidad, mientras que taxistas concesionados podrían recuperar una parte del mercado, aunque con riesgo de mayores tiempos de espera y incrementos en tarifas.
El fondo del conflicto: regular o no regular a las plataformas
Para el gobierno estatal, la prioridad es garantizar seguridad, transparencia y competencia justa. La discusión con Uber plantea un debate más amplio: hasta dónde deben adaptarse las grandes empresas tecnológicas a las reglas locales y qué tanto están dispuestas a modificar su modelo de negocio para operar bajo normas más estrictas.








