El registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil en México, vigente desde el 9 de enero de 2026, fue implementado con el objetivo de reducir delitos cometidos a través de llamadas y mensajes, principalmente la extorsión y el fraude. Sin embargo, a pocos días de su entrada en operación, especialistas ya advierten un efecto colateral preocupante: la posible expansión de un mercado informal de líneas celulares “listas para usarse”.

De acuerdo con un reporte de El Financiero, el nuevo esquema podría convertirse en un entorno propicio para la venta ilegal de tarjetas SIM previamente registradas, operadas por terceros que aprovecharían vacíos legales y la presión operativa con la que fue implementada la regulación impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

SIMs activadas y reventa digital

Para Sergio Legorreta, abogado especializado en telecomunicaciones y socio de FisherBroyles, el escenario es previsible. El experto anticipa que en los próximos meses comenzarán a aparecer anuncios de líneas móviles ya registradas, ofrecidas en plataformas digitales, marketplaces e incluso redes sociales.

“No tengo la menor duda de que se va a crear un mercado secundario, es decir, un mercado ilegal de líneas telefónicas ya activadas, listas para usarse y vendidas en grandes cantidades”, advirtió el especialista.

Legorreta subraya que no todos los compradores de estas líneas tendrían fines criminales. Muchas personas, señala, podrían recurrir al mercado informal por no contar con identificación oficial vigente o tener documentación incompleta, lo que las dejaría fuera del registro formal.

Vacíos legales y pérdida de trazabilidad

Uno de los puntos más críticos del padrón es que permite a una persona física con actividades empresariales contratar un número prácticamente ilimitado de líneas móviles, sin verificación adicional. Esto abre la puerta a esquemas de reventa masiva de chips, lo que podría anular por completo la trazabilidad que busca el registro.

El riesgo es relevante si se considera que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extorsión cerró 2025 en su máximo histórico, con un incremento de 23.1% respecto a 2019.

Defensa oficial y presión operativa

Desde el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la medida, al considerarla clave para combatir la extorsión. De acuerdo con El Economista, la mandataria afirmó que la protección de los datos personales recae exclusivamente en las empresas telefónicas y que el gobierno no administra una base de datos centralizada.

No obstante, operadores del sector han solicitado aplazar el registro ante fallas técnicas, altos costos y plazos considerados inviables. El desafío es mayúsculo: en México existen más de 158 millones de líneas móviles, lo que implicaría registrar cerca de 924 mil números diarios para cumplir con el calendario oficial.

Corregir antes de que crezca el mercado informal

Especialistas coinciden en que la solución no pasa por endurecer los requisitos, sino por cerrar los vacíos legales y ofrecer mecanismos alternativos de validación para usuarios sin documentos. De lo contrario, advierten, el mercado negro de SIMs activadas podría crecer rápidamente y contradecir el objetivo central del registro, que es devolverle seguridad y trazabilidad a la telefonía móvil en México.