La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una serie de reformas y adiciones a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el objetivo de frenar prácticas abusivas relacionadas con tarjetas de crédito y débito en México. La iniciativa, impulsada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, responde a una problemática que afecta a millones de usuarios: el envío no solicitado de tarjetas bancarias y los cargos indebidos derivados de ellas.
De acuerdo con Monreal, cerca de 40 millones de mexicanos cuentan con una tarjeta de crédito o débito, y un número significativo ha recibido plásticos sin autorización previa. Estas tarjetas, enviadas directamente al domicilio del usuario, generan cobros de anualidades o intereses moratorios incluso cuando nunca fueron solicitadas ni activadas, afectando el historial crediticio de las personas.
¿En qué consisten los cambios aprobados?
Las reformas establecen que las instituciones financieras no podrán enviar tarjetas de crédito o débito sin el consentimiento expreso del usuario. Además, se prohíbe cobrar comisiones, seguros, membresías o servicios adicionales que no hayan sido autorizados en un contrato de adhesión.
El artículo 4 Bis ahora incluye una fracción que impide a bancos y entidades comerciales aplicar cargos sin autorización previa.
El artículo 18 Bis, por su parte, señala que en los formularios de contratación deberá quedar constancia de que el cliente conoce y acepta el contenido del contrato. Si no se demuestra este consentimiento expreso, no podrán generarse cargos, comisiones o cobros relacionados.
Asimismo, se adicionó el artículo 18 Bis 9, que obliga a las instituciones emisoras a proporcionar información clara, veraz y suficiente sobre los costos y comisiones asociadas a cada producto financiero, bajo principios de transparencia y buena fe.
Cancelación rápida y sin costo
Los artículos 18 Bis 10 y 18 Bis 11 garantizan que los usuarios tengan derecho a cancelar sus tarjetas mediante mecanismos presenciales, telefónicos o digitales, disponibles las 24 horas del día. La cancelación deberá completarse en un plazo máximo de cinco días hábiles, sin cargos adicionales y con constancia escrita o digital para el usuario.
El nuevo artículo 18 Bis 12 declara nula de pleno derecho la emisión de tarjetas sin consentimiento. En ese caso, el usuario no tendrá que cancelarlas y tampoco podrán generarse cargos de ningún tipo.
Sin afectaciones al historial crediticio
Las reformas también establecen que no podrán reportarse a burós de crédito los historiales derivados de tarjetas no solicitadas o no utilizadas. Las instituciones financieras estarán obligadas a reembolsar en un máximo de cinco días cualquier cobro indebido.
Con estos cambios, la Cámara de Diputados busca fortalecer la protección de los usuarios y garantizar prácticas más justas y transparentes en el sistema financiero mexicano.