La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) anunció el inicio de una investigación por posibles acuerdos ilegales entre empresas aseguradoras que habrían participado en licitaciones públicas, afectando el proceso de competencia en la contratación de seguros por parte del gobierno.

De acuerdo con un comunicado oficial, la investigación comenzó de oficio tras la identificación de indicios de prácticas anticompetitivas durante el último trimestre de 2024. Estos hallazgos derivan del trabajo de inteligencia y monitoreo continuo que realiza la Cofece sobre diversos mercados estratégicos.

“Se analiza si existieron acuerdos colusorios entre competidores para manipular licitaciones en la contratación de seguros de vida, accidentes, enfermedades, daños y pensiones por parte de entidades públicas”, precisó el organismo.

Posibles impactos económicos y sociales

En caso de comprobarse estos acuerdos ilegales, se habría generado un encarecimiento artificial de los servicios contratados, lo que representa un uso ineficiente de los recursos públicos. Esto no solo afecta la calidad y el costo de los seguros adquiridos, sino que también limita la disponibilidad de recursos para otros fines prioritarios del gobierno, como los programas sociales y el desarrollo de infraestructura.

La Cofece señaló que esta investigación forma parte de un conjunto de cuatro procedimientos activos, todos en etapa de recopilación de información. Las indagatorias se iniciaron aproximadamente en noviembre de 2024 y, según explicó el organismo, la reserva del caso en esta fase permite aplicar herramientas más eficaces antes de hacer público el expediente.

Transparencia y competencia en compras públicas

Este tipo de investigaciones buscan garantizar la transparencia y la competencia efectiva en las compras públicas, fundamentales para la correcta administración de los recursos del Estado y para fomentar la participación de más empresas bajo condiciones equitativas.

La Cofece recordó que, en caso de confirmarse la colusión, las empresas involucradas podrían enfrentar sanciones económicas significativas, además de ser inhabilitadas para participar en futuras licitaciones gubernamentales.