El estado de Missouri ha iniciado una batalla legal contra Starbucks, alegando que los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) de la cadena violan las leyes contra la discriminación y ralentizan sus operaciones. Esta demanda, presentada por el fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, forma parte de una creciente oposición a las iniciativas DEI en empresas estadounidenses, especialmente en estados liderados por el Partido Republicano.
El litigio contra Starbucks busca anular sus programas destinados a contratar y promover a personas de color y mujeres, acusándolos de promover una discriminación ilegal. A pesar de las acusaciones, Starbucks ha defendido sus políticas, asegurando que están diseñadas para garantizar la contratación de los candidatos más calificados, sin importar su raza, género u origen.
La demanda alega que los programas de tutoría para minorías, los objetivos de diversidad de la empresa y otros esfuerzos están incentivando “cuotas discriminatorias” y basando las decisiones de contratación en criterios raciales y no en méritos. Además, se argumenta que estas políticas están afectando la eficiencia y los costos operativos de la empresa, lo que, según el fiscal general de Missouri, eleva los precios y retrasa los servicios.
Este caso se da en un contexto donde la administración de Donald Trump ha comenzado a revisar y cuestionar los programas de DEI, incluso llegando a emitir directrices que podrían afectar las políticas de contratación en el gobierno federal. Aunque expertos legales consideran que la demanda de Missouri es un ataque agresivo y ampliamente interpretado, el caso podría generar un cambio en la forma en que las empresas gestionan sus iniciativas de diversidad.
Las empresas, como Starbucks, han defendido los beneficios de los programas DEI, asegurando que no solo promueven la inclusión, sino que también mejoran la retención de empleados y la satisfacción del cliente. Sin embargo, la creciente presión política podría forzar a las empresas a revisar y ajustar sus políticas para evitar riesgos legales, lo que abre un nuevo frente en la batalla sobre el futuro de las iniciativas DEI en el ámbito corporativo estadounidense.