El Nacional Monte de Piedad enfrenta una de las huelgas más grandes de su historia, con más de 300 sucursales cerradas desde el 1 de octubre de 2025. Aquel día, trabajadores sindicalizados colocaron banderas rojinegras en 302 establecimientos del país, acusando a la administración de violar el Contrato Colectivo de Trabajo, ejercer acoso laboral y aplicar recortes en prestaciones.
Después de semanas sin avances en las negociaciones, el sindicato realizó una votación los días 12, 13 y 14 de noviembre, donde la mayoría decidió mantener el paro, prolongando un conflicto que afecta a miles de personas que dependen del Monte para resolver emergencias económicas.
¿Por qué continúa la huelga?
El sindicato señala cuatro puntos centrales:
- Incumplimientos al contrato colectivo vigente desde 2024.
- Mayor carga de trabajo sin compensación salarial.
- Presuntos actos de hostigamiento laboral.
- Cambios en condiciones laborales que consideran injustificados.
La administración, por su parte, sostiene que la huelga responde a intereses de la dirigencia sindical y asegura que la institución mantiene su misión social “a pesar de la suspensión temporal de operaciones”.
¿Qué pasa con las prendas empeñadas?
Ante el paro prolongado, una de las preguntas más frecuentes entre los usuarios es el destino de sus pertenencias. El Nacional Monte de Piedad informó que todas las prendas están seguras en sus bóvedas, pero es importante considerar lo siguiente:
- No hay atención presencial: no es posible empeñar, refrendar o desempeñar en sucursal.
- Refrendos y pagos en línea siguen disponibles, según lo permita cada contrato.
- Los intereses continúan corriendo, por lo que se deben revisar las fechas de vencimiento.
- No se aplicará comisión de custodia durante la huelga.
La institución recomienda que los usuarios revisen su contrato para evitar que sus prendas entren en proceso de venta una vez que se reanuden operaciones.
¿Cuándo podría resolverse el conflicto?
Por ahora, no existe una fecha estimada para levantar la huelga. El proceso de calificación está en manos de la autoridad laboral, mientras que ambas partes afirman estar dispuestas a seguir negociando.
El cierre prolongado afecta a miles de familias que dependen del empeño como herramienta financiera inmediata, convirtiendo este paro en un acontecimiento crítico para la institución y para millones de usuarios en el país.
