El Gobierno de México anunció este lunes un incremento significativo en los aranceles de importación al azúcar, con tasas que van del 156 % al 210.44 % ad-valorem, con el objetivo de proteger a la agroindustria nacional frente a la caída de los precios internacionales y el aumento de la oferta mundial del endulzante.
De acuerdo con un decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), los nuevos aranceles se aplicarán a partir de este martes a las importaciones de azúcar originaria de países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), excepto aquellos con los que México mantiene acuerdos comerciales vigentes que contemplen un trato preferencial.
El documento señala que el arancel vigente bajo la figura de “nación más favorecida” no ofrece la protección suficiente a la agroindustria nacional, por lo que el gobierno decidió modificar la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
Asimismo, el decreto precisa que el azúcar líquida refinada y el azúcar invertido pagarán un arancel del 210.44 % por kilogramo, mientras que la remolacha azucarera con adición de colorantes o aromatizantes, con un contenido igual o superior al 90 % de azúcar, tendrán un gravamen del 156 % por kilogramo.
El Gobierno Federal explicó que la medida busca mantener la estabilidad económica y garantizar la rentabilidad del sector cañero, afectado por una sobreoferta interna y la disminución de los precios internacionales. “La agroindustria de la caña de azúcar enfrenta una situación crítica que pone en riesgo la viabilidad de toda la cadena productiva”, señala el decreto.
En paralelo, México acordó con la industria de bebidas azucaradas una reducción del 30 % en el contenido de azúcar de los refrescos, así como restricciones a la publicidad dirigida a menores y una diferenciación de precios entre bebidas con y sin calorías. A cambio, se decidió mantener el IEPS en 3.08 pesos por litro para las bebidas con azúcar y 1.50 pesos para las versiones sin calorías.
Con estas medidas, el Gobierno busca frenar las distorsiones del mercado, proteger la producción nacional de azúcar y promover un consumo más responsable, en un país que se mantiene entre los principales consumidores de refrescos del mundo, con un promedio de 166 litros por persona al año, según datos oficiales.
