El conflicto laboral que mantiene paralizadas las operaciones del Nacional Monte de Piedad ha entrado en una fase decisiva. Tras varios meses de huelga y un intercambio constante de señalamientos entre la administración y el sindicato, la institución anunció que su margen de negociación ha llegado al límite, por lo que apuesta ahora por resolver el conflicto mediante un arbitraje de carácter obligatorio.

De acuerdo con declaraciones de Aldo Torres Villa, vocero y director de Relaciones Institucionales, la propuesta presentada por la institución representa el máximo esfuerzo financiero y operativo posible. El objetivo, afirmó, es garantizar la viabilidad del organismo sin afectar los derechos laborales de los trabajadores.

En este contexto, la estrategia del Monte de Piedad se centra en contrarrestar la narrativa del sindicato encabezado por Arturo Zayún, y trasladar la resolución del conflicto a las autoridades laborales. La institución sostiene que el sindicato ha rechazado de manera sistemática seis ofertas previas, así como tres propuestas de conciliación impulsadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Entre los puntos clave de la propuesta final destaca un incremento salarial del 5.3%, proyectado para la revisión contractual de octubre de 2025. Asimismo, se plantea la reposición del proceso de boletinación al 50.5%, lo que implicaría la asignación de 148 plazas de un total de 293 en disputa.

La administración subraya que estos planteamientos representan el límite de lo que el modelo de negocio puede sostener sin comprometer su misión social ni caer en una posible crisis de insolvencia a largo plazo.

En el ámbito legal, la institución informó que un juez federal emitió un amparo que declara la huelga como inexistente, argumentando que el sindicato incumplió sus propios estatutos al no consultar adecuadamente a la base trabajadora. Sin embargo, el conflicto continúa debido a los recursos legales interpuestos por el sindicato.

Desde la perspectiva del Monte de Piedad, esta prolongación afecta directamente a los pignorantes —usuarios del servicio— y a los propios trabajadores, quienes permanecen sin percibir ingresos. Además, la administración aseguró que no existe intención de modificar el contrato colectivo ni eliminar prestaciones, sino de modernizar ciertos procesos con base en criterios de desempeño y transparencia.

Ante la falta de acuerdos y el rechazo a los mecanismos tradicionales de conciliación, la institución considera que el arbitraje forzoso es la única vía viable para destrabar el conflicto. Con ello, busca que una autoridad laboral emita una resolución definitiva que permita reanudar operaciones y reducir el impacto social generado por el cierre prolongado.