Muchas personas en México recurren a familiares o amigos para recibir apoyo económico en situaciones imprevistas o para concretar compras importantes. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) advierte que existe una condición clave al recibir transferencias de dinero: si no se cumple, se puede generar una multa de hasta 35 mil pesos mexicanos.

De acuerdo con la legislación vigente, cualquier préstamo o transferencia que supere los 600 mil pesos debe ser reportado al SAT. Esta disposición se fundamenta en el Artículo 86-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), el cual otorga a la autoridad fiscal la facultad de exigir la declaración de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o incrementos de capital recibidos en efectivo, ya sea en moneda nacional o extranjera.

El portal oficial del SAT aclara:

“El artículo 86-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece la obligación de presentar la información de los préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital que se reciban en efectivo, en moneda nacional o extranjera, mayores de $600,000.00.”

El objetivo de esta regulación es evitar que la entrada de sumas elevadas se interprete como ingresos no declarados o aumentos de capital, lo que obliga a los contribuyentes a presentar la declaración correspondiente.

Es importante destacar que el SAT no considera como “efectivo” las operaciones realizadas mediante transferencias electrónicas, cheques o traspasos de cuentas. Sin embargo, el monto recibido podría estar sujeto a revisión si la autoridad determina que se trata de un incremento de capital.

Para quienes deseen evitar sanciones económicas, una alternativa es realizar el préstamo a través de una institución financiera, ya que estas operaciones quedan registradas y supervisadas por el SAT. De esta manera, se asegura el cumplimiento de las obligaciones fiscales y se reducen los riesgos de enfrentar multas.

En conclusión, recibir apoyo económico de familiares o amigos puede ser útil, pero es fundamental respetar el límite de 600 mil pesos y declarar las operaciones cuando la ley lo exige, evitando así sanciones que afectan directamente el bolsillo de los contribuyentes.