El fabricante israelí del software espía Pegasus, NSO Group, fue condenado a pagar 168 millones de dólares a Meta por el hackeo de más de 1,400 cuentas de WhatsApp. La sentencia, emitida por un tribunal federal en California, representa un precedente histórico en la lucha contra el espionaje digital y la protección de los derechos de los usuarios.
Meta, propietaria de WhatsApp, presentó la demanda en 2019 tras detectar un ataque masivo contra su infraestructura, dirigido a activistas, periodistas y miembros de la sociedad civil. El tribunal determinó que NSO deberá pagar 444,719 dólares por daños compensatorios y 167.3 millones de dólares por daños punitivos, una cifra que busca castigar y disuadir futuras conductas similares.
Según Meta, este fallo es una victoria clave para la privacidad y la seguridad digital global, y anunció medidas adicionales, como la publicación de testimonios del juicio, donaciones a organizaciones que defienden derechos digitales y la búsqueda de órdenes judiciales que frenen nuevos ataques.
Por su parte, NSO Group alegó que su tecnología es utilizada por gobiernos autorizados para combatir delitos graves y terrorismo, y adelantó que apelará el fallo. Sin embargo, los antecedentes contradicen esa narrativa. En 2021, la investigación internacional Pegasus Project reveló el uso del software para espiar a más de 180 periodistas en 50 países, incluyendo a Carmen Aristegui y su equipo.
En México, Pegasus fue utilizado incluso durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como reveló la investigación #EjércitoEspía en 2022. Organizaciones como R3D y Citizen Lab documentaron que México fue el país con mayor número de víctimas identificadas: al menos 456 personas espiadas entre abril y mayo de 2019.
Luis Fernando García, exdirector de R3D, destacó que la sentencia confirma que Pegasus opera con base en ataques informáticos ilegales y cuestionó que los gobiernos sigan financiando estas prácticas.
Este veredicto, dictado por un jurado ciudadano, sienta un precedente importante para futuras acciones legales y exigencias de responsabilidad estatal a nivel internacional.