La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que el precio del gas doméstico LP registrará un incremento de 0.2% derivado de la aplicación de nuevas normas oficiales de seguridad en el transporte y la distribución del combustible.
En la práctica, este ajuste significa que entre el 5 y 11 de octubre, el precio máximo de un cilindro de 20 kilos en la Ciudad de México pasará de 392.9 pesos a un incremento marginal de 0.79 centavos.
De acuerdo con la ASEA, el impacto económico para los consumidores será mínimo, pero los beneficios en términos de seguridad y prevención de accidentes superarán ampliamente el ajuste.
Nuevas normas de seguridad para el gas LP
El pasado 3 de octubre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las normas:
- NOM-EM-006-ASEA-2025 para transporte.
- NOM-EM-007-ASEA-2025 para distribución.
Ambas regulaciones buscan reducir riesgos a la población, proteger el medio ambiente y elevar los estándares de seguridad en el sector gasero.
Entre los cambios destacan:
- Dictámenes anuales de operación y mantenimiento en unidades de transporte y distribución.
- Inspecciones periódicas, pruebas internas e hidrostáticas en recipientes para prevenir fugas.
- Capacitación certificada para conductores bajo estándares del CONOCER.
- Dispositivos de control de velocidad y sistemas GPS obligatorios en todas las unidades.
Impacto en empresas del sector
Según Alicia Zazueta, CEO de eServices, las empresas deberán invertir entre 100 mil y 130 mil pesos anuales para cumplir con los nuevos requisitos técnicos, como la instalación de GPS, códigos QR y sistemas de infraestructura digital. Además, el monitoreo requerirá personal especializado, lo que incrementará los costos operativos.
Cumplimiento gradual
La ASEA estableció que las unidades de transporte y las de distribución con capacidad mayor a 5 mil litros y antigüedad de 10 años o más tendrán un plazo de cuatro meses para ajustarse a la normativa. El resto de las unidades deberán cumplir de forma progresiva a lo largo de 2026.
Con este marco regulatorio, el gobierno busca consolidar un sistema de supervisión más robusto, que garantice operaciones seguras y confiables en beneficio de consumidores y del sector energético.