La Cámara de Diputados aprobó este martes una nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, un delito que en 2025 registra cifras récord y que la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido como el único que no ha logrado disminuir durante su administración. La propuesta fue avalada por unanimidad y establece penas de hasta 42 años de prisión, convirtiéndose en una de las legislaciones más estrictas en el combate a este delito.

De acuerdo con cifras oficiales, la extorsión incrementó un 7% interanual en los primeros seis meses del año, alcanzando 5,887 víctimas registradas, el número más alto desde que se tiene registro. Las autoridades subrayan que se trata de un fenómeno que afecta a comerciantes, empresarios, transportistas y ciudadanos en prácticamente todo el país.

Unificación del delito y sanciones más severas

Además de la nueva ley, los diputados aprobaron reformas para unificar la definición del delito de extorsión en todo México y homologar las sanciones. Hasta ahora, cada estado manejaba sus propios criterios para tipificar, investigar y castigar la extorsión, lo que dificultaba la coordinación y el seguimiento de los casos.

La normativa establece que la extorsión y todos los actos vinculados sean investigados y perseguidos de oficio. Esto significa que las autoridades podrán iniciar procedimientos sin necesidad de que las víctimas presenten una denuncia formal. Asimismo, cualquier persona podrá reportar de forma anónima, lo que busca reducir el miedo y la desconfianza que han provocado una denuncia mínima en este delito.

Según datos oficiales, el 96.7% de los casos de extorsión no se denuncia, principalmente por falta de confianza en las instituciones de justicia. La nueva ley pretende revertir esa tendencia.

Penas para funcionarios omisos y reos involucrados

La reforma contempla castigos de 15 a 42 años de prisión para quienes cometan extorsión, pero también establece sanciones para servidores públicos que toleren o participen en estas prácticas. Los funcionarios que no reporten casos de extorsión enfrentarán de 10 a 20 años de cárcel, mientras que autoridades penitenciarias o empleados que faciliten estas actividades podrán recibir penas de 15 a 25 años.

La ley también sanciona el uso de dispositivos electrónicos dentro de los penales. Reos que utilicen celulares o equipos para cometer extorsión podrán recibir de 6 a 12 años de prisión, sanción que también aplicará a los funcionarios que permitan su ingreso.

Un paso clave frente a un delito en expansión

Kenia López, presidenta de la Cámara de Diputados, señaló que la extorsión es “el delito que más crece en México” y subrayó la urgencia de actuar:

“Millones de personas tienen que pagar un impuesto ilegal a los delincuentes. Eso no debe seguir permitiéndose”.

La iniciativa ahora deberá ser aprobada por la mayoría de los congresos estatales para entrar en vigor.