El mercado negro del tabaco en México continúa en expansión. De acuerdo con un estudio del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México (Colmex), cerca del 20% de los cigarros que se consumen en el país son ilegales y están vinculados al crimen organizado.

El avance del estudio, titulado “La comercialización de los cigarrillos ilegales y semilegales en México”, revela que el consumo de tabaco ilegal aumentó del 8.5% en 2017 al 20.4% en 2023, impulsado por la falta de controles sanitarios y el atractivo económico de este negocio ilícito.

“Se trata de un fenómeno creciente y multimillonario, prácticamente invisible para la opinión pública”, explicó Manuel Pérez, investigador responsable de la segunda fase del estudio. Añadió que este problema no es exclusivo de México, pues uno de cada cinco cigarros en América Latina también proviene del comercio ilegal.

El impacto del impuesto al tabaco

El especialista advirtió que el incremento reciente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los cigarros, aprobado hace dos semanas, podría fomentar aún más el contrabando. Aunque el objetivo del impuesto es desincentivar el consumo y aumentar la recaudación, también puede generar un efecto indeseado: la expansión del mercado ilegal.

Pérez recordó que el origen del auge del tabaco ilegal se remonta a 2011, cuando se aplicó un aumento del 30% al impuesto al tabaco, equivalente al 1.3% de los ingresos federales totales. Desde entonces, el crimen organizado encontró en la fabricación y distribución clandestina de cigarros una fuente rentable y de bajo riesgo.

Riesgos sanitarios y económicos

El estudio advierte que el tabaco ilegal produce los mismos daños que el tabaco legal, pero añade nuevos riesgos sanitarios debido a la ausencia de regulación en su composición. Además, los cigarros sueltos y sin control fiscal se venden en tianguis, bares irregulares y cervecerías, donde los grupos criminales controlan la distribución y los precios.

Ante este escenario, el Colmex propone reforzar la fiscalización aduanera, proteger a los comercios formales frente a la coerción de redes ilícitas y emitir una Norma Oficial Mexicana (NOM) específica para la producción de tabaco. Estas acciones permitirían cerrar vacíos legales y frenar el crecimiento del contrabando que actualmente afecta la salud pública y la economía nacional.