Un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional, con sede en Nueva York, dictaminó que el expresidente Donald Trump no puede utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer aranceles de manera generalizada. Este fallo representa un revés significativo a una de las estrategias económicas más controversiales de su administración, dirigida a reducir el déficit comercial mediante la aplicación de impuestos a las importaciones.

El tribunal resolvió que dicha ley no otorga al presidente autoridad para imponer aranceles amplios sin la aprobación del Congreso, lo que representa un límite importante a sus facultades. “Las órdenes de aranceles mundiales y de represalia exceden cualquier autoridad otorgada al presidente por la IEEPA”, señaló el fallo.

Esta decisión se originó tras múltiples demandas de empresarios y organizaciones comerciales, quienes argumentaron que el uso de esta ley por parte de Trump fue inconstitucional y dañino para el comercio internacional. Entre los aranceles impugnados se encuentran los impuestos del 25% dirigidos a México y Canadá bajo el argumento de no cooperar en el combate al narcotráfico, así como las tarifas impuestas a 185 países con rangos del 10% al 50%.

Aunque la Casa Blanca ya apeló el fallo, expertos legales anticipan que el caso podría escalar hasta la Corte Suprema. El subsecretario de prensa, Kush Desai, defendió la postura de Trump argumentando que “los déficits comerciales representan una emergencia nacional” y que los aranceles son necesarios para proteger empleos e impulsar la economía.

No obstante, el fallo no afecta los aranceles sobre automóviles, autopartes, acero y aluminio, que fueron impuestos bajo una legislación distinta, la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, la cual sí tiene implicaciones para México.

Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, destacó la relevancia de esta decisión. “Es una muestra clara de que los contrapesos institucionales funcionan en Estados Unidos, aunque debemos esperar cómo reaccionará la administración norteamericana con los recursos de apelación disponibles”, declaró.

Este fallo no solo representa una victoria para el comercio internacional y los países afectados, sino también un precedente clave sobre los límites del poder presidencial en materia económica.