La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió aplazar la revisión del amparo relacionado con el cobro del 2% de impuesto a repartidores por aplicación digital, medida impulsada por el Congreso de la Ciudad de México y promovida por el partido Morena.

Durante la sesión de este jueves, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz solicitó a la ministra Lenia Batres Guadarrama posponer la presentación del proyecto de sentencia, que plantea avalizar el cobro del impuesto a trabajadores de plataformas como Uber, Didi y Rappi.

“Queremos escuchar a todas las partes antes de tomar una decisión. Esta nueva Corte ha ofrecido diálogo y apertura a todos los interesados”, expresó Aguilar Ortiz al hacer la petición, la cual fue aceptada por la ministra Batres.

La discusión del asunto quedó, por tanto, en lista de espera para una futura sesión.

Antes de esta resolución, la extinta Segunda Sala de la Corte había desechado un proyecto presentado por el exministro Alberto Pérez Dayán, que proponía confirmar el amparo a Uber Portier México contra el cobro del impuesto. Tras el retiro de Pérez Dayán, el expediente fue reasignado a Batres Guadarrama, quien elaboró un nuevo proyecto que busca ratificar la legalidad del gravamen.

Mientras tanto, decenas de repartidores de aplicaciones digitales se manifestaron frente a la sede de la SCJN en el Centro Histórico de la Ciudad de México para rechazar el cobro del 2%.
“Si aprueban este impuesto, nos van a quitar parte de nuestro esfuerzo diario. Trabajamos con una infraestructura peligrosa, con coladeras abiertas y calles en mal estado”, declaró Manuel Gaytán, uno de los manifestantes.

Los trabajadores argumentaron que la medida afectaría directamente sus ingresos, ya que los gastos de mantenimiento, gasolina y reparaciones recaen sobre ellos, mientras que las plataformas no han asumido responsabilidades sobre las condiciones laborales o la infraestructura urbana.

El impuesto del 2%, aprobado originalmente por el Congreso capitalino en 2022, busca recaudar recursos para el mantenimiento vial y la regulación de servicios de reparto digital. Sin embargo, las plataformas y los repartidores sostienen que se trata de una carga fiscal injusta, que penaliza a quienes dependen de esta actividad para subsistir.

La Suprema Corte no estableció una nueva fecha para retomar la discusión, aunque se prevé que el tema sea analizado nuevamente en las próximas semanas.