Un caso judicial ocurrido en Durango ha generado controversia nacional luego de que una madre denunciara que su expareja cambió legalmente su identidad de género para evadir el pago de la pensión alimentaria y obstaculizar procesos por violencia familiar. La denunciante es Gloria Valentina Méndez Arámbula, psicóloga de profesión, quien asegura llevar más de cuatro años enfrentando una serie de litigios civiles y penales promovidos por su exesposo, Cristian Janet Montenegro Chairez, abogado de profesión.
De acuerdo con su testimonio, Montenegro habría declarado de forma expresa que no reconocía a su hija y posteriormente realizó un cambio legal de sexo en su acta de nacimiento, lo que —según la denunciante— fue utilizado como una estrategia jurídica para evitar el cumplimiento de obligaciones como la pensión alimentaria y para exigir trato con “perspectiva de género” durante audiencias judiciales.
Gloria Valentina afirma que esta maniobra provocó vacíos y omisiones por parte de autoridades judiciales, quienes no supieron cómo actuar ante la nueva condición legal del padre, permitiendo que procesos avanzaran en su contra mientras sus denuncias por violencia familiar no prosperaban. El caso se desarrolla en distintos juzgados del estado de Durango, donde la mujer denuncia revictimización y violencia institucional.
La afectada sostiene que su vida personal y profesional se vio profundamente impactada. Señala que fue despedida de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, pese a encontrarse en calidad de víctima, y que sufrió hostigamiento indirecto mediante denuncias administrativas y solicitudes ante instancias de control, lo que debilitó sus redes de apoyo laboral y social.
Según su relato, la relación con Montenegro estuvo marcada por conductas violentas, amenazas, manipulación emocional y agresiones verbales, incluso durante el embarazo y el posparto. Tras separarse, asegura que su exesposo interpuso denuncias que califica como falsas, incluyendo acusaciones por sustracción de menores, aun cuando —dice— él renunció por escrito a la convivencia con la niña.
La situación se agravó cuando, tras iniciar una nueva relación sentimental, Gloria Valentina denunció también a su entonces pareja por violencia familiar. Posteriormente, ambos hombres habrían actuado de manera coordinada en procesos judiciales en su contra, lo que ella describe como un patrón de polivictimización.
Especialistas y colectivos han advertido que este tipo de casos podrían sentar precedentes preocupantes, al utilizar figuras legales legítimas —como el reconocimiento de la identidad de género— con fines ajenos a la protección de derechos humanos, particularmente cuando hay menores involucrados. El caso sigue en curso y ha reavivado el debate sobre violencia vicaria, uso indebido del sistema judicial y la necesidad de protocolos claros para evitar abusos procesales.