Una nueva iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México propone regular formalmente la actividad de los influencers y creadores de contenido digital, estableciendo sanciones que podrían alcanzar hasta 1.1 millones de pesos. El proyecto plantea la creación de una Ley General para Regular los Servicios de Contenido de las Pantallas Digitales, un marco jurídico que busca ordenar la actividad comercial, publicitaria y social dentro de plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y otras redes.

Según lo informado por medios nacionales, la propuesta contempla sanciones que irían desde amonestaciones públicas hasta multas millonarias, así como la suspensión temporal de canales en casos graves. Las infracciones incluirían la difusión de contenido que promueva actos de discriminación, violencia, productos nocivos como tabaco o alcohol sin autorización, así como el uso de material manipulado con inteligencia artificial sin advertirlo al público.

El objetivo central de la iniciativa es garantizar un “entorno digital seguro y responsable”, actualizado a la influencia creciente que los creadores tienen en las decisiones de compra y en el comportamiento de audiencias jóvenes. La propuesta argumenta que las recomendaciones comerciales en redes “no siempre cuentan con la calidad o veracidad que se promete”, lo que puede derivar en prácticas engañosas o riesgosas para los consumidores.

Publicidad y contenido prohibido

Uno de los puntos más relevantes es la obligación de etiquetar claramente cualquier publicación pagada con el término #Publicidad, con el fin de evitar engaños que simulen opiniones imparciales. De acuerdo con la iniciativa, los influencers también deberán abstenerse de difundir información falsa, no comprobada o exagerada sobre los productos que promocionen.

Asimismo, se restringe la participación de menores de edad como creadores sin autorización expresa de sus tutores. Se consideran mensajes prohibidos aquellos que incluyan discursos de odio, desinformación recurrente o contenidos generados digitalmente —como deepfakes, voces o imágenes producidas con IA— sin aviso al público.

La iniciativa también exige que los creadores conserven evidencia objetiva que respalde los beneficios que atribuyen a servicios o productos, y que informen siempre que utilicen herramientas de inteligencia artificial en materiales promocionales.