El gobierno de Rusia anunció la imposición de restricciones a las llamadas en las aplicaciones de mensajería WhatsApp y Telegram, argumentando que la medida es necesaria para combatir la delincuencia y frenar el aumento de estafas digitales. La decisión fue comunicada por el organismo regulador Roskomnadzor a través de medios estatales como RIA, TASS e Interfax.
Según el regulador, estas plataformas extranjeras se han convertido en los principales canales utilizados por delincuentes para engañar, extorsionar y reclutar ciudadanos en actividades ilícitas, incluyendo sabotaje y terrorismo. A pesar de las advertencias, ambas compañías habrían ignorado las exigencias de implementar medidas de seguridad más estrictas.
Roskomnadzor aclaró que la restricción solo afectará las llamadas de voz y video, sin limitar otras funciones de mensajería de WhatsApp y Telegram. Además, recordó que desde 2024 Rusia opera un sistema antifraude que bloquea llamadas falsas en redes telefónicas tradicionales, lo que ha llevado a que los estafadores migren a las plataformas de mensajería.
Las quejas de los usuarios comenzaron a multiplicarse el pasado fin de semana, reportando fallos en las llamadas. El diputado Antón Nemkin, coordinador del proyecto Rusia Digital, señaló que los ataques de estafadores a usuarios de WhatsApp en 2024 crecieron 3,5 veces, con miles de cuentas hackeadas y casos de phishing y robo de datos.
El Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia considera que la medida podría reducir significativamente las llamadas fraudulentas. El regulador indicó que el servicio de llamadas podría restablecerse si las plataformas cumplen con la legislación rusa.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, más de 448.000 rusos fueron víctimas de fraude en línea en 2024, con pérdidas que superan los 200.000 millones de rublos (unos 2.000 millones de dólares). Ante este panorama, el gobierno también ha impulsado herramientas como el “autobloqueo” de créditos para prevenir fraudes financieros.
Con estas acciones, Rusia busca reforzar la seguridad digital y reducir la incidencia de delitos cibernéticos en el país, aunque la medida ha generado debate sobre su impacto en la libertad de comunicación.